Defensa Legal

En ocasiones las Instituciones Educativas se ven inmiscuidas en problemas legales tales como resoluciones administrativas que impongan sanciones, multas e incluso el retiro del RVOE, en este caso la alternativa es interponer los medios de defensa contemplados por la ley.

Nuestra firma ofrece apoyo para interponer medios de defensa adecuados a cada caso concreto, asegurando resultados efectivos, a fin de contrarrestar los efectos de las resoluciones administrativas haciéndolos nugatorios.

Recurso de revisión en contra de determinaciones administrativas

Este medio de defensa se interpone en contra de resoluciones desfavorables emitidas por la Secretaría de Educación Pública y sus dependencias. Es necesario apegarse a las formalidades establecidas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal y Código de Procedimientos Civiles Federal.

El objetivo de la defensa es lograr que la Autoridad Administrativa revoque el sentido de la resolución, que imponga sanciones como multas o el retiro de un RVOE y emita otra, cumpliendo todas las formalidades de la ley y favorable a los intereses de la Institución Académica.

Juicio de Nulidad

Este medio de defensa se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, en contra de determinaciones de la Secretaría de Educación Pública desfavorables a la institución, sujetándose a lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y demás legislación supletoria.

El objetivo de la defensa es lograr que la Autoridad Administrativa revoque el sentido de la resolución, que imponga sanciones como multas o el retiro de un RVOE y emita otra, cumpliendo todas las formalidades de la ley y favorable a los intereses de la Institución Académica.

Juicio de Amparo

Este medio de defensa consagrado como protector de los derechos fundamentales, se interpondrá básicamente ante la violación de las mismas, que atente contra la libertad de enseñanza, la impartición de educación, desempeño de profesión, legalidad y seguridad jurídica, a fin que a la institución educativa se le restituyan los derechos violentados y pueda impartir libremente la enseñanza superior.

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